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viernes, 1 de marzo de 2024

Impugnan el concurso público de varios edificios estatales asignados a CMM Guard por no tener plan de igualdad

Alternativa Sindical ha impugnado los concursos públicos para la seguridad en edificios del sector público estatal asignados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por CMM Guard SL y Arciha de Servicios SL porque todavía no cuentan con un plan de igualdad. Así lo ha anunciado el propio sindicato a través de un comunicado en el que remarca que el hecho de que no dispongan de este plan debería haberlas relegado de las licitaciones, en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Y es que, según explica Alternativa Sindical, esta ley incorpora, desde su aprobación en noviembre de 2017, una prohibición de contratar a aquellas empresas de más de 250 trabajadores que no cumplan con la obligación de contar con un plan de igualdad (art. 71.1.d) LCSP.




"Ahora, finalizado el período transitorio otorgado a las empresas por la normativa sectorial para aprobar este plan, se ha modificado la prohibición de contratar de la LCSP, para extenderla a todas las sociedades de más de 50 trabajadores (Disp. Final 27ª de la Ley General de Presupuestos del Estado para 2023, que modifica el art. 71.1.d) LCSP)".

"Así, desde el 1 de enero de 2023, para participar en una licitación pública, todas las empresas de más de 50 trabajadores deben contar con un plan de igualdad. Precisamente por este motivo, Alternativa Sindical ha solicitado al órgano de contratación la exclusión de dichas empresas de la adjudicación y la paralización del expediente administrativo", señala el sindicato.

Siguiendo su información, las adjudicaciones en cuestión han sido realizadas por la Comisión Permanente de la Junta de Contratación Centralizada perteneciente a la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de Hacienda, que atendió la propuesta de licitación remitida por el órgano de contratación para los lotes 3 y 5 a CMM Guard SL y Arciha de Servicios SL, por importes de 8.934.795,66 euros y 1.432.764,00 euros respectivamente, pese a que ninguna de las dos cumple todavía con la obligación de disponer de un plan de igualdad.


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