Próxima llamada de Aena al sector de la seguridad privada. El consejo de administración del gestor aeroportuario va a aprobar, previsiblemente la próxima semana, la licitación de los contratos de vigilancia en los 45 aeropuertos y dos helipuertos de la red, además del aeródromo de Murcia. Se trata de uno de los mayores concursos de servicios puesto en juego por la Administración, con un valor total de unos 1.500 millones de euros. Se prevé que las firmas de seguridad pongan a trabajar para Aena cerca 5.500 vigilantes y más de 2.000 auxiliares.
Fuentes conocedoras del borrador del pliego hablan de un plazo de cinco años de servicio, con una posible prórroga de un año adicional, con el fin de dar la mayor estabilidad posible a las adjudicatarias. Se sube desde los dos años del último concurso.
Las aspirantes a entrar en Barajas, El Prat y demás plazas bajo gestión de Aena tendrán que ajustar sus ofertas a la parte alta de la horquilla de viajeros ofrecida por la compañía en su plan estratégico 2022-2026. Esto es unos 286 millones de viajeros en este 2023 (tras la actualización de final de febrero); 288 millones en 2024; la cifra prevista para 2025 sube a 301 millones de usuarios, y para 2026 se estima un techo de 315 millones. El récord vigente para Aena se alcanzó en 2019, cuando atendió a 275 millones de pasajeros que despegaron o aterrizaron en España.
El último concurso para gestionar los sistemas de seguridad y cubrir los pasos de control en los aeropuertos, con un presupuesto de licitación de 303 millones y resuelto en noviembre de 2020, estuvo rodeado de polémica al reflejar el alza de costes laborales que salió de las huelgas de 2018. Ese conflicto llegó a paralizar El Prat y supuso una crisis sin precedentes para Vueling. Tal fue ese impacto que los grandes de la seguridad, como Prosegur, Securitas y Eulen, decidieron no presentar ofertas ante lo que entendían como márgenes excesivamente estrechos.
El rival a batir
La gran ganadora entonces fue la firma balear Trablisa al adjudicarse seis de los 13 lotes que fueron licitados por 168 millones y con un periodo de duración de dos años, ampliables a un tercero. Cuatro lotes de aeropuertos quedaron desiertos.
Trablisa sustituyó a Ilunion en Barajas y había prorrogado sus servicios en Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Alicante, Almería, Menorca e Ibiza. También incorporó el lote Canarias Este (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), donde trabajaba Ilunion; se llevo el conjunto de aeropuertos de Canarias Oeste (Tenerife Sur y Tenerife Norte); desplazó a Segurisa del lote Norte (Bilbao, Asturias, Santander, Santiago, A Coruña y Vigo); relevó a ICTS en Sevilla y Jerez, y se apuntó la seguridad de los aeródromos con menos de 400.000 viajeros.
Prácticamente desapareció Ilunion y Eulen perdía toda su presencia en infraestructuras de Aena, al igual que ICTS. Segurisa, por contra, consolidó sus servicios, y entró Grupo Sureste con los lotes Noroeste (Valencia, Girona y Zaragoza) y Andalucía Este (Málaga y Granada). Entre las grandes del sector de la seguridad cundió el argumento de que los aeropuertos, en los que Prosegur siempre ocupó una posición de dominio, habían quedado en manos de empresas medianas. Un extremo sobre el que Aena quitó hierro.
Novedades a la vista
Si en el concurso de 2018 Aena elevó un 30% el presupuesto base de licitación, por la influencia del nuevo convenio de seguridad, y en el de 2020 se exigieron partidas de inversión relacionadas con proyectos de transición tecnológica y la contención del Covid-19, el actual expediente también viene con novedades.
Aena advertirá en la documentación que irá modernizando el equipamiento empleado, ya sea por requisitos normativos (Std-3 para la inspección del equipaje de bodega) o por la búsqueda de un puesto entre los gestores aeroportuarios a la vanguardia en medidas de seguridad. Se trata de ofrecer al viajero un paso más fluido por los controles, lo que figura entre los pilares de la estrategia de la pública.
Uno de los factores competitivos a tener en cuenta en las puntuaciones será el del número de efectivos, ente vigilantes y auxiliares de servicio, que cada empresa esté dispuesta a ofertar. Las plantillas dependerán, por tanto, de la operativa planteada por cada firma de seguridad, sus políticas laborales o sistemas de gestión.
La licitación partirá apenas cinco meses después de que haya sido registrado el nuevo convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el periodo 2023-2026. En él se contempla una subida salarial del 16%; la figura del contrato fijo discontinuo a tiempo parcial para el sector aeroportuario, así como pluses para el personal con puesto de trabajo en este tipo de infraestructuras.
La mayor parte de los contratos en los aeropuertos españoles expiran entre noviembre y diciembre de este año. Como excepción destaca el servicio de seguridad del centro de gestión aeroportuaria de Madrid Barajas, en el que se controla la infraestructura a través de más de 5.000 cámaras. Este último permanecerá en pie hasta final de enero de 2024. También saltan al próximo año las adjudicaciones en los dos aeropuertos de Tenerife y en el de La Palma, donde la prestadora de la vigilancia está contratada hasta el 31 de marzo. Y en el de Murcia no habrá cambio hasta el 31 de mayo de 2024.
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